Tras la decisión del Gobierno de anular los títulos de los palmicultores, los campesinos se han dividido entre negociar y exigir el retiro de estos cultivos. Unas cuantas matas de plátano, maíz, arroz y yuca, que parecen naufragar en un mar de palma de aceite, son el testimonio vivo del conflicto por la tierra que se vive en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en límites de Antioquia y Chocó.
Las sembraron varios campesinos en un acto de 'soberanía' sobre las hectáreas que se disputan con palmicultores.
Hace dos semanas, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, confirmó que el Incoder anuló la mayoría de los títulos de esa tierras donde 14 firmas tienen 5.500 hectáreas de palma africana y otras 2.500 a punto de sembrar, porque aparentemente fueron adquiridas con fraude.
Con el argumento de que el río Sucio cambió su rumbo drásticamente y amplió la orilla hacia las tierras de los cuatro adjudicatarios iniciales de los títulos, 130 hectáreas se convirtieron en casi 18 mil.
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La inmensa diferencia corresponde a las tierras que la Ley 70 de 1993 les reconoció a los consejos comunitarios negros.
Y no es que los adjudicatarios iniciales se hayan lucrado, pues cuando el ensanche se hizo, en el 2000, uno ya estaba muerto y los otros tres estaban desplazados.
Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que para "limpiar de guerrilla" y vencer la resistencia de la gente con el fin de que se asentara la palma, grupos paramilitares ocasionaron por lo menos 120 muertes y desapariciones, y desterraron a 1.500 personas.
En su versión libre ante Justicia y Paz, 'El Alemán', ex jefe del 'Bloque Élmer Cárdenas', que actuó por esta zona, negó que hubiera una relación con los palmicultores, pero aceptó que muchos empresarios se lucraron de su paso por allí.
Los empresarios también niegan cualquier vínculo con los 'paras'.
Ahora que la decisión del Incoder pone en vilo la estabilidad de su agroindustria y de la propia región, el representante de la Asociación de Palmicultores del Darién, Irving Bernal, que agremia a las 14 empresas cultivadoras, sostiene que están dispuestos a concertar con las comunidades para continuar con los plantíos, mediante fórmulas que podrían pasar por el pago de un arriendo.
En juego están entre 65 y 70 mil millones que han invertido.
EL TIEMPO viajó hasta allí para medirle el aceite a la situación.
Hay posiciones divididas entre los campesinos frente a la posibilidad de conciliar.
Luis Díaz es uno de los que estaría dispuesto, siempre y cuando le reconozcan lo que vale su tierra. Él vive en la vereda Llano Rico, a dos horas de Mutatá, y es uno de los 10 herederos de Lino Díaz, quien tenía 18 hectáreas en 1990 y en el 2000 apareció con 3.549 que, en teoría, le traspasó a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en Urabá. Lo raro es que había muerto desde 1995.
Según Luis, la empresa Urapalma le dio 600 mil pesos a la mujer con la que vivía su papá para que pagara el predial en Riosucio (Chocó) y hasta ahí se supo. Pero en junio del 2000 un supuesto apoderado hizo el cambio de medidas y traspasó la propiedad.
Después de cuatro años largos de haberse desplazado, Luis volvió y encontró 12 de las 18 hectáreas con palma. El caso es objeto de un pleito judicial.
En el área se ven trabajadores cosechando el fruto de la palma: se trata de un corozo del tamaño de un limón que con solo tocarlo le deja a uno las manos aceitosas. Camiones sacan la fruta hacia una procesadora de Mutatá.
A una hora de la casa de Luis, por una carretera casi intransitable que rompe en dos el océano de palma, aparece la Zona Humanitaria de Curvaradó, el principal bastión contra estos cultivos.
Allí se asientan 14 familias que dicen que por nada llegarán a un acuerdo con los palmicultores. "Yo no quiero la palma para nada, porque está abonada con la sangre de mi papá. A él lo mataron los 'paras', dice Uriel Tuberquia.
Él y el resto de sus compañeros han tumbado más de 20 hectáreas de palma y las reemplazaron con el maíz, el plátano, el arroz y la yuca que se ven en medio del mar de palmeras. Un inspector ex 'para', en medio del lío El inspector de Belén de Bajirá, Carlos Eljach, ha intervenido r en varios desalojos pedidos por palmicultores cuando se han visto invadidos por campesinos que dicen ser los verdaderos dueños. El problema es que Eljach es desmovilizado del 'Bloque Élmer Cárdenas' de las Auc, grupo acusado de provocar la muerte y el destierro de campesinos para dar paso a la siembra de la palma.
El secretario de Gobierno de Belén de Bajirá, Henry Chaverra, se limita a decir que hay que confiar en la buena fe de Eljach.
Las tierras con palma están en la zona más biodiversa del mundo. Ambientalistas se oponen a este monocultivo porque " no es conveniente para desarrollar la región.
NÉSTOR ALONSO LÓPEZ L.
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
CUENCA DEL CURVARADÓ (URABÁ CHOCOANO) Fuente: Eltiempo |
